Pide un plan de choque urgente de refuerzo mientras se reforma la RPT y se logra una buena planificación del trabajo
Sevilla, 24 de enero.- Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) ha alertado hoy de que sólo un 33% de las 2.206 plazas de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) destinada a funcionarios está en la actualidad ocupada, lo que supone una de cada tres plazas previstas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), ante lo que la organización sindical reclama un plan de choque de refuerzo así como una revisión de la estructura, dotación y organización de este servicio.
El análisis de los datos realizados por ISA arroja que del total de 2.206 plazas previstas en la RPT para las oficinas del SAE tan sólo 824, un 37,3%, cuentan con presupuesto, y éstas “ni si quiera están todas cubiertas, únicamente 731, el 88%, quedando 93 vacantes, un 18%”. Todo esto evidencia una situación de carestía “importante que repercute directamente sobre el servicio a la ciudadanía”.
A este personal se suma el encargada de las políticas activas de empleo y aquel que se encuentra en los servicios directivos provinciales y centrales, cuya tasa de cobertura es mayor. Así, la plantilla ascendería a 2.670 puestos de trabajo, de los que están dotados únicamente 1.120, el 41%, y de los cuales a su vez que están cubiertos 1.001 (89%).
Iniciativa Sindical Andaluza rechaza de plano la privatización de este servicio y, por el contrario, considera “imprescindible” que la Junta apruebe “de inmediato” un plan de choque para contratar interinos que refuercen la plantilla actual, cubriendo la totalidad de las plazas dotadas hasta que se modifique la dotación de las plazas y se aumente el presupuesto para personal.
En cuanto a la contratación de interinos, recuerdan que existe una bolsa operativa (la A2028) con personal que ya pasó por las oficinas de empleo y que “tendría que poder utilizarse para aprovechar el conocimiento y experiencia de este personal”.
Respecto a la revisión profunda del SAE, “es necesario adecuar los puestos para dar la mejor atención a los demandantes de empleo, mejorar la planificación del trabajo y, también habilitar instrumentos que permitan una mínima estabilidad en la ocupación de los mismos incentivando los puestos estructurales porque la precariedad actual de éstos genera temporalidad –por traslados continuados– y repercute sobre el servicio que se ofrece al público”, asegura la secretaria de Acción Sindical de la organización, Rocío Luna.
Luna ha lamentado que el SAE “arrastre una problemática de años” en la gestión de personal, en los que se ha sucedido un “maremágnum de regímenes, personal y pronunciamientos judiciales”, y que aunque en 2016 se puso en marcha un estudio y un grupo de trabajo, éste quedó en suspenso tras un par de reuniones.
El SAE se creó personal laboral y funcionario del INEM cuando se transfirieron las políticas de empleo a la Junta de Andalucía. Posteriormente se destinó personal de la Fundación Faffe para abrir las oficinas por las tardes, cesando al personal al cabo de dos años, lo que generó diversos procedimientos judiciales.
A continuación se contrató personal interino, destinando parte del mismo al turno de tarde, sin respaldo para ello en las RPT (el cual llegaría más tarde con su adecuación). Más adelante, se aprobó el Plan Memta, por el que se contrataron en toda Andalucía cerca de 800 personas para reforzar la atención a los demandantes de empleo, desempeñando estas funciones desde octubre de 2008 a diciembre de 2010.
En 2011, se contrataron 413 promotores de empleo, quienes terminaron su vinculación con el SAE a finales de 2012. En los dos casos, los tribunales han ordenado la readmisión de gran parte del personal.
A finales de 2012 también se prescindió de los servicios de agentes de desarrollo local y de personal de Andalucía Orienta, ganando muchos de los primeros su derecho a la readmisión en los tribunales.
Un año más tarde, en 2013, se aprobó un plan de choque financiado parcialmente con fondos europeos, nombrándose interinos “virtuales” (es decir, que no ocupaban plazas de RPT) por un plazo máximo de dos años que comenzaron a concluir en mayo de 2015.
A todo ello hay que añadir la problemática existente con el personal de la Fundación Faffe, que pasó a ser personal del SAE tras la extinción de la misma, “desconociéndose su régimen jurídico actual con seguridad”, explica Luna. Por último, el 31 de diciembre de 2015 finalizaba el nombramiento de 177 funcionarios interinos, “agravando aún más, si cabe, la precaria situación en las oficinas”, explica Luna.
“Es imprescindible que de una vez por todas se acometa una revisión en profundidad del SAE, la salida no es privatizar servicios, a lo que nos oponemos, sino incrementar la calidad y productividad de los existentes”, añade.
