Desde que el PSOE rompiera el pacto de gobierno con IULVCA, la Administración Pública, y, sobre todo, las Consejerías afectadas por dicha ruptura y asumidas por nuevos cargos públicos, sufren una radical paralización en el trabajo administrativo. El personal lleva casi dos meses sin trabajo alguno por la negativa de los cargos políticos a continuar con los trabajos comenzados y a impulsar nuevos cometidos, incluso respecto a los expedientes administrativos y a la tramitación diaria.
Como si los órganos administrativos fuesen una prolongación partidista, los responsables políticos están paralizados, se supone, hasta la conformación definitiva del nuevo Gobierno, con el menoscabo que eso acarrea al servicio público. La falta de toma de decisiones y la negativa a firmar para la continuidad de los trámites, es una situación vergonzosa e intolerable, que no puede permitirse en la Administración Pública.
Las empleadas y empleados públicos, somos servidores públicos, independientemente de quién gobierne y qué partido dirija la Administración. Los órganos administrativos, no deben ser reflejo de los avatares políticos, puesto que el servicio a los administrados son el principio y fin de su existencia.
Esta paralización administrativa a la que se está obligando al personal, está comenzando ya a tener consecuencias. Entre las más importantes, el transcurso de plazos administrativos que puede acarrear un gran perjuicio para los administrados y para la propia administración pública.
