La organización pide la devolución de las pagas adicionales de 2013 y 2014 y la recuperación de las ayudas de acción social
ISA ha impugnado las bases de las OPE extraordinarias por no resolver la situación de interinos en fraude de ley
Sevilla, 12 diciembre.- Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) ha reclamado la recuperación del poder adquisitivo del funcionario de la Junta de Andalucía, que desde 2010 ha perdido un 19% del mismo a consecuencia de la crisis económica; que se vuelvan a habilitar las ayudas de acción social, así como la implantación de medidas de conciliación familiar, entre las que destaca el teletrabajo.
La secretaria de Acción Sindical de ISA, Rocío Luna, ha subrayado que el funcionariado autonómico ha sufrido la precarización no sólo económica, sino también laboral, dado que las plantillas se han reducido en un 50% en muchos departamentos de la Administración General de la Junta debido a que no se han cubierto el 100% de las plazas durante una década como consecuencia de las restricciones presupuestarias, lo que ha repercutido en la “sobrecarga” de los trabajadores en activo. Por tanto, reivindican que se doten las plazas presupuestariamente y se convoquen oposiciones para cubrirlas.
La organización sindical, que concurre a las elecciones sindicales del próximo 18 de diciembre, explica que la Administración General ha sido la más afectada por los recortes “por no considerarse puestos prioritarios”, algo que a su juicio carece de sentido porque dichos trabajadores son los que tramitan subvenciones y leyes, los administrativos que hacen posible el funcionamiento de hospitales y centros educativos, o quienes atienden las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Mientras tanto, reclaman la convocatoria de las oposiciones ordinarias correspondientes al ejercicio de 2019, ya que en la actualidad se están convocando las de 2017 y 18- lo que repercute en la cobertura de puestos de trabajo vacantes.
En cuanto a las retribuciones, ISA considera imprescindible que el Gobierno andaluz establezca “de una vez” un calendario para la devolución de las pagas adicionales de los años 2013 y 2014, que “son de los funcionarios y aún no se han abonado, pese a que han pasado ya cinco años”. Asimismo, habría que activar los fondos acordados para la mejora salarial, acordados por sindicatos y Junta y que nunca se aplicaron.
Otro aspecto preocupante, a su juicio, es la “inseguridad” que rodea cada año la actualización de los salarios públicos, debido a que la prórroga continuada de los Presupuestos Generales del Estado hace que se tengan que aprobar partidas específicas posteriormente, con lo que los sueldos no se actualizan hasta “bien entrado el ejercicio”, con el consiguiente perjuicio para el trabajador. “Es algo a lo que hay que poner solución”. Asimismo, desde ISA se defiende la necesidad de que se establezca una retribución mínima de 1.200 euros en la Junta de Andalucía.
Acción social y conciliación
Por otra parte, ISA ha exigido al Gobierno andaluz que cumpla con sus compromisos y se recuperen la totalidad de las ayudas de acción social para los funcionarios, unos incentivos que quedaron en suspenso en 2012 y que deberían haberse reimplantado en el presente ejercicio de 2019, por lo que “vamos con retraso después de haber pasado siete sin ellas”. Se trata de un importante apoyo para los funcionarios pues ayudan a sufragar aspectos como la guardería y cuidado de hijos, las prótesis, sepelios o la atención a discapacitados.
En este sentido, Luna ha lamentado que se “intente contentar con migajas” a los funcionarios incluyendo en los Presupuestos de 2020 las ayudas relacionadas con la violencia de género, cuando “si hubieran cumplido con la palabra dada, deberían haberse arbitrado todas”.
Por lo que respecta a la conciliación, desde la organización sindical se exige entre otras medidas, que se ponga en marcha el teletrabajo ya que es técnicamente posible, así como la creación de escuelas infantiles y puntos de asistencia médica en aquellas zonas en las que se concentren varias consejerías o delegaciones de la Junta de Andalucía.
Oposiciones
Por lo que respecta a la carrera administrativa, ISA defiende la necesidad de que haya un concurso de traslados permanente y abierto para plazas de estructura que no estén ocupadas, lo que permitiría optar a dichos puestos, así como que los concursos de promoción interna se realicen una vez al año y que las plazas.
En cuanto a las oposiciones, ISA ha impugnado las bases de la oferta de empleo pública extraordinaria –que no la ordinaria– para los cuerpos Generales de la Administración autonómica para 2017 y 2018, por no resolver la situación de miles de funcionarios en fraude de ley por abuso de la contratación temporal en la Junta de Andalucía.
Desde la organización sindical se recuerda que los ayuntamientos de Granada, Sevilla, y la Diputación de Sevilla han paralizado las pruebas hasta que se pronuncie el TJUE, por lo que reclaman que la Junta “haga lo propio” y no convoque los exámenes.
La convocatoria chocará contra la Iniciativa Legislativa Popular que se está tramitando en el Parlamento de Andalucía para que estas personas en fraude de ley se presenten a un concurso exclusivamente de méritos.
Además, recuerda que se está a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuya abogada señalaba en un reciente informe que ante un fraude de ley por abuso en la contratación temporal “no basta con convocar procesos selectivos de libre concurrencia cuando el acceso a una relación de servicio fija, derivado de la superación del proceso selectivo por la persona que haya sufrido el uso abusivo de tales nombramientos sucesivos, sea imprevisible e incierto y la normativa nacional pertinente no establezca ninguna otra medida sancionadora” (en
referencia a indemnizaciones).
