ISA recurre la externalización de funciones de Archivo en Cultura

Iniciativa Sindical Andaluza (ISA),  recurre la  Resolución de 16 de enero de 2026 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se aprueba el expediente de contratación y se abre el procedimiento de adjudicación del contrato de Tratamiento documental de archivos de oficina de la Consejería de Cultura y Deporte (Expediente CCUL-61-2025; CONTR 2025 364079):

  1. Porque supone una externalización de funciones propias, ordinarias y estructurales del personal funcionario archivero, integradas en los Cuerpos Superior Facultativo, especialidad Archivística, y Ayudantes de Archivos de la Junta de Andalucía.
  2. Porque la externalización de estas funciones puede comportar un deterioro del servicio público y riesgos evidentes, como son la pérdida de control institucional sobre los expedientes, el debilitamiento de la cadena de custodia, la afectación a la protección de datos personales, el riesgos para la integridad y autenticidad documental, la merma de la trazabilidad administrativa, y e impacto en el derecho de acceso y transparencia. La gestión documental constituye infraestructura crítica de la actividad administrativa, por lo que su privatización compromete la seguridad jurídica.
  3. Porque la situación resulta especialmente preocupante por afectar a la Consejería competente en materia de archivos, órgano rector del Sistema Archivístico de Andalucía y responsable de la coordinación técnica, dirección del sistema, aplicación de la normativa archivística y supervisión del cumplimiento legal. Externalizar en este ámbito supone una contradicción institucional y debilita la ejemplaridad exigible al órgano directivo del sistema.
  4. Porque  la verdadera causa que motiva esta licitación, es un déficit estructural motivado por la falta de cobertura de las plazas de personal funcionario archivero existentes en la RPT y la ausencia de creación de las necesarias que supone una falta de personal funcionario y plazas vacantes. La situación, descrita en la Memoria, no es coyuntural, sino un problema estructural y generalizado en la Junta de Andalucía.
  5. Porque  la Administración que no solo no cubre las plazas vacantes, sino que tampoco articula los mecanismos necesarios para revertir esta situación creando puestos atractivos que fomenten la promoción profesional del personal que pertenece a estos cuerpos y especialidades, ni incluye plazas de acceso libre para los cuerpos de archivística en la última OPE publicada. Estas cuestiones fueron expuestas y reivindicadas por ISA en la Mesa Sectorial de 26 de noviembre pasado, en la que se negoció la OPE de 2025. En esa negociación pedimos la inclusión en la oferta de 20 plazas para el cuerpo A1.2022 y 20 plazas para el cuerpo A2.2013, de acceso libre, pero no se atendió nuestra petición. 
  6. Porque queremos incidir en que la falta de personal está dando lugar a que el cumplimiento de La Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio documental de Andalucía, que  establece la obligación de que cada consejería, entidad instrumental y cada delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, así como las delegaciones provinciales de las consejerías cuenten con un archivo central, no sea homogéneo ya que,  en muchos órganos de la Administración General de la Junta de Andalucía, no existen unidades administrativas dotadas con personal especializado suficiente, porque  no se han creado las correspondientes plazas en las RPT. 

Ante esta situación, ISA ha solicitado:

  1. La suspensión  inmediata de la ejecución del acto impugnado y su anulación.
  2. La dotación y cobertura de las estructuras existentes  de los cuerpos  Superior Facultativo y de Ayudantes de archivo en las RPT.
  3. Que se recurra a mecanismos ordinarios de cobertura como provisión de puestos y nombramiento de personal funcionario interino tanto por planes de choque como por refuerzo temporal, evitando que la externalización conlleve  la sustitución del empleo público, lo cual contraviene los principios de organización administrativa y buena gestión.
  4. La revisión de  las estructuras existentes y la adecuación de las mismas a las necesidades reales de personal. 

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