La Plataforma Andaluza de Atención a la Dependencia reivindica CONDICIONES DIGNAS para el desempeño de su trabajo, pensando en las personas que esperan durante un excesivo periodo de tiempo a que se les preste la atención que merecen, y que la Junta de Andalucía no les da.
Pese a las campañas de imagen de la Agencia de Servicios Sociales y de la consejera, donde se esgrimen datos erróneos, la realidad es que una persona espera 3 años, si no fallece antes.
El personal valorador realiza su trabajo con unos niveles de estrés que les impide dar un servicio público digno.
Mientras la Junta sigue empeñada en privatizar: han privatizado la grabación de las solicitudes y las citas para las visitas, los valoradores utilizan medios propios en el desarrollo de su trabajo. Esto, unido a la planificación deficiente del sistema implantado, y también vendido a bombo y platillo por la Junta, hacen imposible prestar una atención óptima de la Dependencia.
El personal valorador necesita una formación adecuada y la evaluación de los riesgos a los que se enfrenta.
La realidad supera la propaganda de la Junta. El ejemplo más claro: la dimisión del Jefe del S° de Valoración de la Delegación de Sevilla (ver noticia), prueba de la incapacidad del gobierno Andaluz para con la gestión pública de los recursos. Privatiza servicios y destina presupuesto a actividades nada asistenciales, que bien podrían servir para aumentar la plantilla del personal.
Igualmente el informe del Defensor del Pueblo andaluz (ver noticia): la atención en materia de salud pública, la preocupación por los retrasos en la dependencia y la demanda para el acceso a la vivienda protagonizan las reclamaciones ciudadanas en 2024, con una media superior a las mil quejas y mil consultas respectivamente en los casos de salud y dependencia.
