La Junta sigue poniendo trabas a la movilidad del personal funcionario, esta vez por motivos de salud.
Al cambiar este procedimiento sin negociación, reduce el margen para buscar alternativas y deja a las personas afectadas ante una decisión administrativa que puede acabar en los tribunales.
Y no podemos ni debemos aceptar enterarnos de estos cambios por la prensa.
Desde ISA lo tenemos claro: los derechos del personal funcionario se negocian y se defienden. Esta Administración del ordeno y mando, del cambio las reglas cuando me conviene, pretende imponer decisiones unilateralmente y que el personal y sus representantes aceptemos los hechos consumados.
No vamos a normalizar esta forma de actuar.
Exigimos la retirada de cualquier modificación adoptada sin negociación y que cualquier cambio en este procedimiento pase previamente por la Mesa Sectorial, con transparencia, participación sindical y todas las garantías.
